Sentido y verdad del matrimonio

Este jueves se realizó en Santa Fe, como a lo largo de todo el país, una marcha significativa. Más allá de la importancia del número, se habló de varios miles de personas, lo que se vivió en un clima de respeto, sin agresiones ni descalificaciones, fue una manifestación a favor de una realidad que hace al estilo de vida y cultura de un pueblo. No fue una marcha contra nadie. Había jóvenes y adultos que se sintieron convocados a expresar sus convicciones.

Se marchó para manifestar el significado de la institución del matrimonio, como unión estable de un hombre y una mujer ordenada a la vida, fundamento natural de la familia. Esta marcha quiso ser una expresión ciudadana sobre el valor del matrimonio, por ello, entiendo que su voz no puede ser desoída por quienes tienen la responsabilidad constitucional de legislar. El sentido de estas expresiones, que son un signo de participación del ciudadano en la vida de la democracia, ayuda e incluso puede corregir decisiones, en este caso considero apresuradas, de una formal representación política. Esto enriquece a la democracia, no la debilita. Por otra parte, quienes tienen la responsabilidad de ejercer la función de legislar, no deben olvidar el sentido pedagógico que tiene la ley para una comunidad.
Creo oportuno volver a afirmar lo que dijimos en el Episcopado al referirnos a este tema. El Matrimonio no es: "una unión cualquiera entre personas; tiene características propias e irrenunciables, que hacen del matrimonio la base de la familia y de la sociedad". Agregábamos, luego que: "la unión de personas del mismo sexo carece de elementos biológicos y antropológicos propios del matrimonio y de la familia. Está ausente en ella la dimensión conyugal y la apertura a la transmisión de la vida. En la vida familiar y en la relación con su padre y su madre, los niños descubren su propia identidad y alcanzan la autonomía personal". Alterar esta realidad es desconocer el sentido de la diversidad, hombre mujer, como su riqueza en la educación sexual del niño, por ello, concluíamos: "corresponde a la autoridad pública tutelar el matrimonio entre el varón y la mujer con la protección de las leyes, para asegurar y favorecer su función irreemplazable y su contribución al bien común de la sociedad" (CEA. 20/4/10).
Hay un tema que siempre vuelve a aparecer como un argumento que confunde y debilita en muchos la libertad de oponerse. Se presenta con la fuerza de un argumento indiscutible, me refiero al tema de la discriminación. Constatar una diferencia real, decíamos, "no es discriminar. La naturaleza no discrimina cuando nos hace varón o mujer. Nuestro Código Civil no discrimina cuando exige el requisito de ser varón y mujer para contraer matrimonio; sólo reconoce una realidad. Las situaciones jurídicas de interés recíproco entre personas del mismo sexo pueden ser suficientemente tuteladas por el derecho común". Así lo entienden la mayoría de los ordenamientos jurídicos en el mundo, sin el complejo de discriminar. Por el contrario, "sería una discriminación injusta contra el matrimonio y la familia otorgar al hecho privado de la unión entre personas del mismo sexo un estatuto de derecho público". Esta afirmación no es un juicio a las personas homosexuales, sino reconocer la verdad y el sentido de una institución que debe ser tutelada jurídicamente. La justicia no es dar a cada uno lo mismo, sino lo que corresponde. Un fallo reciente de la Corte Europea de Derechos Humanos ha determinado, refiriéndose a nuestro tema, que no es discriminatorio que un Estado no autorice un matrimonio del mismo sexo. No se niega la igual dignidad de toda persona, se define una realidad que tiene sus propias notas. Hay un igualitarismo que es ajeno a una sana tradición jurídica.
Como vemos no se trata de un tema menor. Es más, en la lógica de estos planteos se suprimiría la palabra madre o esposa con toda su riqueza e identidad, para ser sustituidas por la de padres o contrayentes. El lenguaje es símbolo de la realidad significada. No es sólo una cuestión de terminología sino de conocer y nombrar la realidad. La ley positiva, como instrumento necesario en la vida de la sociedad, debe tener raíces en la misma verdad de las cosas, en este caso se trata de la diversidad y complementariedad del varón y la mujer ordenada a la vida; lo contrario sería desconocer una de las fuentes del mismo derecho. Es la condición humana la que necesita y reclama una ley que respete su verdad, oriente su libertad y tutele sus derechos. Estamos ante un tema que no puede quedar librado a presiones o apresuramientos legislativos, ni ser parte de la urgencia de una agenda política a través de circunstanciales mayorías parlamentarias. Por ello apelamos a nuestros legisladores para que, en una cuestión de tanta seriedad que hace y define el ordenamiento jurídico de la sociedad, tengan en cuenta estas verdades que deben ser la base de un ordenamiento justo. El noble ejercicio de la política, como necesaria mediación cívica al servicio del bien común, debe saber distinguir para legislar correctamente.
Reciban de su Obispo, junto a mi afecto y oraciones, mi bendición en Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Madre de Guadalupe.

Mons. José María Arancedo
Arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz