Despenalización de la droga

Hemos asistido a un fallo de la Corte Suprema en el que se despenaliza la tenencia y el consumo personal de droga. El fallo pone el acento no tanto en lo nocivo de la droga, sino en la defensa de las acciones privadas que deben ser respetadas según la Constitución. Este dictamen, que no tiene el alcance de una ley sino sólo la interpretación de inconstitucionalidad frente a un caso particular, ha abierto el debate, sobre todo pensando que puede estar próximo el envío al Congreso de un proyecto para sancionar una Ley sobre el tema.

Si bien el fallo de la Corte tiene el límite de referirse a la interpretación de un caso particular, es un antecedente de alto valor jurídico.

La postura de la Iglesia ha sido clara. Partimos de una afirmación simple y de fácil constatación: la droga es sinónimo de muerte, que se ha convertido en un flagelo. A partir de ello concluimos que todo lo que acerque o haga más fácil su consumo es nocivo. En este sentido no hay que acercar la droga sino alejarla. Lo vemos de modo especial respecto a los jóvenes, que son la presa fácil del avance de la droga. El testimonio negativo de las madres de estos chicos es por demás elocuente, incluso no se podría decir tan rápidamente que no afecta a terceros:ellas lo niegan. Cuando frente a esta realidad leemos las conclusiones de la Corte nos parecen alejadas de la misma, o que se piensa en un primer mundo donde los parámetros de salud, educación, presencia del Estado dan un marco que garantiza la vida y la salud de la gente. Incluso en este supuesto no deja de ser un peligro y mal social el tema de la droga.

Por otra parte, el meta mensaje que este fallo trasmite no es un logro constitucionalista, sino algo más simple: “la droga ahora es legal”, es decir, hay permiso jurídico para el consumo, es legal. El auge del consumo al amparo de este fallo no va a ser el del adulto responsable de sus actos, sino de los jóvenes que son un mercado creciente en manos de redes de adultos que hacen negocio con su fragilidad. Es más, van a aparecer nuevos pequeños traficantes entre los mismos jóvenes. No creo que deba considerarse un acto contra mi libertad que la sociedad, a través de sus leyes, defina, penalice y ponga límites a un flagelo que avanza, destruye y mata. Penalizar lo que atenta claramente contra la salud, de modo especial entre los jóvenes de nuestros barrios carenciados, no significa negar la libertad sino pensar en el bien común. Además, si bien el derecho a la tenencia de drogas para uso personal no habilitaría de suyo su venta, sin embargo este fallo podría aparecer suavizándola socialmente.

Penalizar la tenencia no significa que haya que criminalizar a la persona que consume y es adicta, todo lo contrario, a ella hay que ayudarla con todos los medios posibles, incluso con la internación. Al que hay que castigar y poner preso es al traficante. Esta ayuda al drogadicto, como la pena al traficante supone la presencia de un Estado con decisión política que movilice los recursos necesarios para enfrentar esta situación. Creo que una posible ley de despenalización, si se considera e instrumenta este fallo como su primer paso, es un camino peligroso y alejado de la realidad. Cuando veo la actitud y el cambio de opinión como de legislación de otros países frente al tema de la droga, temo que tengamos cierto complejo que nos impida mantener posiciones claras que imponga límites. Creo que es necesario, por ello, distinguir el alcance de este fallo “in casu”, de lo que sería una ley de despenalización. Hay en esto una responsabilidad del poder legislativo.

Deseándoles un buen fin de semana, en compañía de sus familias y amigos, reciban de su Obispo mi afecto y oraciones junto a mi bendición.

Mons. José María Arancedo

Arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz